En los últimos meses, las autoridades de todo el mundo han acelerado los esfuerzos para abordar el creciente desafío de la disposición de criptomonedas vinculadas a actividades criminales transfronterizas. A medida que los activos digitales continúan expandiéndose rápidamente, sus características sin fronteras y seudónimas han complicado los enfoques tradicionales de las fuerzas del orden, judiciales y regulatorios. En respuesta, los gobiernos están promoviendo nuevos marcos legales, fortaleciendo la coordinación entre agencias y profundizando la cooperación internacional para garantizar que los activos virtuales ilícitos puedan ser rastreados, incautados y dispuestos legalmente sin socavar la estabilidad financiera. China ha estado a la vanguardia de estos desarrollos. A finales de noviembre de 2025, el Banco Popular de China (PBOC) convocó una reunión de alto nivel con varias agencias estatales para abordar la renovada especulación y criminalidad relacionadas con las criptomonedas. Un resultado destacado fue la inclusión formal de las stablecoins dentro del alcance de la regulación de criptomonedas, reflejando la creciente preocupación por su uso en lavado de dinero, fraude y transferencias ilegales transfronterizas. Este movimiento busca cerrar brechas de larga data en la supervisión AML que han dificultado el manejo efectivo de activos digitales criminales. Las reformas judiciales han avanzado en paralelo. La Corte Suprema Popular ha emitido directrices actualizadas que aclaran los procedimientos para la incautación, valoración y disposición de criptomonedas, así como las responsabilidades de las plataformas relacionadas. Estas medidas ayudan a estandarizar la práctica judicial a nivel nacional y proporcionan una base legal más clara para la cooperación transfronteriza, el manejo de pruebas y la realización de activos en casos de fraude, estafas telefónicas y lavado de dinero. En el ámbito operativo, los mecanismos prácticos de disposición también están madurando. A mediados de 2025, Beijing pilotó marcos que permiten a las agencias de aplicación de la ley convertir criptomonedas incautadas en moneda fiduciaria en un corto período mediante exchanges offshore licenciados y plataformas comerciales estatales. Este enfoque aborda el desafío planteado por la prohibición interna del comercio de criptomonedas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento, la transparencia y la repatriación ordenada de los beneficios criminales. Las autoridades fiscales han enfatizado además caminos diversificados de disposición judicial para los activos virtuales criminales. La orientación política reciente subraya la importancia de equilibrar la regulación financiera con la protección de los derechos de propiedad, buscando asegurar que la disposición de activos sea legalmente sólida y operativamente eficiente. Esto refleja una comprensión más matizada de las criptomonedas como objetos de la aplicación de la ley penal, en lugar de meros instrumentos especulativos. A nivel internacional, estos esfuerzos se alinean con las tendencias globales más amplias. Las jurisdicciones están actualizando los regímenes AML y de lucha contra la financiación del terrorismo para cubrir explícitamente los activos virtuales y los VASP, en línea con los estándares del GAFI. A medida que países como Pakistán avanzan hacia marcos regulados de activos digitales, la prioridad compartida sigue siendo prevenir que las criptomonedas faciliten flujos ilícitos transfronterizos. En general, el avance de los mecanismos de disposición de criptomonedas criminales transfronterizas está siendo impulsado por definiciones regulatorias más claras, procesos judiciales estandarizados, canales de disposición viables y una cooperación internacional en expansión. Juntos, estos desarrollos están cerrando la brecha entre la incautación de activos y su disposición legal, reforzando tanto la efectividad de la justicia penal como la integridad del sistema financiero global.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Avance de los mecanismos de disposición de criptomonedas criminales transfronterizas
En los últimos meses, las autoridades de todo el mundo han acelerado los esfuerzos para abordar el creciente desafío de la disposición de criptomonedas vinculadas a actividades criminales transfronterizas. A medida que los activos digitales continúan expandiéndose rápidamente, sus características sin fronteras y seudónimas han complicado los enfoques tradicionales de las fuerzas del orden, judiciales y regulatorios. En respuesta, los gobiernos están promoviendo nuevos marcos legales, fortaleciendo la coordinación entre agencias y profundizando la cooperación internacional para garantizar que los activos virtuales ilícitos puedan ser rastreados, incautados y dispuestos legalmente sin socavar la estabilidad financiera.
China ha estado a la vanguardia de estos desarrollos. A finales de noviembre de 2025, el Banco Popular de China (PBOC) convocó una reunión de alto nivel con varias agencias estatales para abordar la renovada especulación y criminalidad relacionadas con las criptomonedas. Un resultado destacado fue la inclusión formal de las stablecoins dentro del alcance de la regulación de criptomonedas, reflejando la creciente preocupación por su uso en lavado de dinero, fraude y transferencias ilegales transfronterizas. Este movimiento busca cerrar brechas de larga data en la supervisión AML que han dificultado el manejo efectivo de activos digitales criminales.
Las reformas judiciales han avanzado en paralelo. La Corte Suprema Popular ha emitido directrices actualizadas que aclaran los procedimientos para la incautación, valoración y disposición de criptomonedas, así como las responsabilidades de las plataformas relacionadas. Estas medidas ayudan a estandarizar la práctica judicial a nivel nacional y proporcionan una base legal más clara para la cooperación transfronteriza, el manejo de pruebas y la realización de activos en casos de fraude, estafas telefónicas y lavado de dinero.
En el ámbito operativo, los mecanismos prácticos de disposición también están madurando. A mediados de 2025, Beijing pilotó marcos que permiten a las agencias de aplicación de la ley convertir criptomonedas incautadas en moneda fiduciaria en un corto período mediante exchanges offshore licenciados y plataformas comerciales estatales. Este enfoque aborda el desafío planteado por la prohibición interna del comercio de criptomonedas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento, la transparencia y la repatriación ordenada de los beneficios criminales.
Las autoridades fiscales han enfatizado además caminos diversificados de disposición judicial para los activos virtuales criminales. La orientación política reciente subraya la importancia de equilibrar la regulación financiera con la protección de los derechos de propiedad, buscando asegurar que la disposición de activos sea legalmente sólida y operativamente eficiente. Esto refleja una comprensión más matizada de las criptomonedas como objetos de la aplicación de la ley penal, en lugar de meros instrumentos especulativos.
A nivel internacional, estos esfuerzos se alinean con las tendencias globales más amplias. Las jurisdicciones están actualizando los regímenes AML y de lucha contra la financiación del terrorismo para cubrir explícitamente los activos virtuales y los VASP, en línea con los estándares del GAFI. A medida que países como Pakistán avanzan hacia marcos regulados de activos digitales, la prioridad compartida sigue siendo prevenir que las criptomonedas faciliten flujos ilícitos transfronterizos.
En general, el avance de los mecanismos de disposición de criptomonedas criminales transfronterizas está siendo impulsado por definiciones regulatorias más claras, procesos judiciales estandarizados, canales de disposición viables y una cooperación internacional en expansión. Juntos, estos desarrollos están cerrando la brecha entre la incautación de activos y su disposición legal, reforzando tanto la efectividad de la justicia penal como la integridad del sistema financiero global.