Los emisores de stablecoins enfrentan una vulnerabilidad estructural que va más allá de la preocupación convencional de "demasiado grande para quebrar". El problema real es mucho más enredado: muchos operadores de stablecoins importantes mantienen conexiones políticas profundas, con flujos de capital privado vinculados directamente a la Casa Blanca y los círculos gubernamentales de alto nivel. Esto crea lo que algunos analistas denominan un escenario de "demasiado conectado para fallar".

El problema se agrava cuando se examina cómo las stablecoins están ancladas a la deuda del gobierno de EE. UU. Estos activos digitales están efectivamente atados a instrumentos del Tesoro, lo que significa que la seguridad de los poseedores de stablecoins depende tanto de la solvencia del emisor como de la estabilidad fiscal del gobierno. Cuando la influencia política se fusiona con la infraestructura financiera de manera tan profunda, plantea preguntas incómodas sobre la captura regulatoria y el riesgo sistémico.

La preocupación no es solo sobre fallos individuales de empresas, sino sobre cómo las plataformas comerciales de stablecoins se han entrelazado con las estructuras de poder político. Esta proximidad podría distorsionar las decisiones regulatorias, limitar la independencia de la supervisión y, en última instancia, exponer a todo el ecosistema cripto a la volatilidad política.