El Departamento de Justicia de EE. UU. ha establecido una división dedicada a investigar casos de fraude. Los funcionarios expresaron su compromiso con una aplicación enérgica de la ley: "Perseguiremos el encarcelamiento de cualquier persona involucrada en esquemas fraudulentos, ya sean estafadores, políticos o funcionarios gubernamentales, que hayan explotado y perjudicado a la nación." Esta ofensiva señala una intensificación de la vigilancia tanto del fraude financiero como de la corrupción institucional, con posibles implicaciones para la supervisión del mercado de criptomonedas y las prioridades de aplicación de la ley.