Existe un debate en curso sobre si los funcionarios públicos involucrados en ventures de criptomonedas deberían tener poder de decisión sobre la política de criptomonedas. Las preocupaciones se centran en posibles conflictos de interés—específicamente, si los funcionarios con intereses financieros en el sector podrían influir en las regulaciones para beneficiar sus participaciones en lugar del ecosistema cripto en general. Esta tensión entre intereses personales en criptomonedas y responsabilidades de política pública sigue generando discusiones dentro de la comunidad sobre transparencia en la gobernanza e independencia regulatoria.