Recientemente, las altas esferas de Estados Unidos anunciaron una nueva política dirigida a los grandes inversores institucionales: prohibir que estas instituciones compren viviendas unifamiliares. Según lo planificado, esta medida avanzará rápidamente con el objetivo de restringir la expansión del capital institucional en el mercado inmobiliario mediante legislación. La lógica detrás de esto es simple: las viviendas deben ser para habitar, no para ser especuladas como activos financieros.

La implementación de esta política responde principalmente a la creciente crisis de asequibilidad de la vivienda. Grandes instituciones como Blackstone, desde la crisis financiera de 2008, han ido comprando miles de viviendas, controlando las propiedades para aumentar los ingresos por alquiler. Aunque esta práctica resulta rentable para los inversores institucionales, genera una enorme presión para los compradores y arrendatarios comunes.

Tras el anuncio, el mercado reaccionó de inmediato: las acciones de Blackstone cayeron un 9%. Esto indica que los inversores son conscientes de que esta prohibición podría impactar directamente en los modelos de negocio rentables de las instituciones en el sector inmobiliario. Sin embargo, aún existe una incógnita: si esta prohibición se implementará mediante una orden ejecutiva o si requerirá la aprobación legislativa formal del Congreso, ya que el resultado de ambas vías puede ser muy diferente.