La administración de Trump se está moviendo hacia la restricción de la capacidad de los inversores institucionales para comprar propiedades residenciales unifamiliares. Este cambio de política refleja una creciente preocupación por la accesibilidad a la vivienda y la consolidación del mercado, con posibles efectos en cadena en las carteras de inversión institucional. Tales acciones regulatorias podrían redefinir las estrategias de asignación de capital para fondos actualmente enfocados en la adquisición de bienes raíces, redirigiendo potencialmente un capital institucional significativo hacia vehículos de inversión alternativos, incluyendo activos digitales y mercados emergentes.