
La industria de criptomonedas en Corea del Sur enfrenta un cambio, según reporta Yonhap News Agency, la Ley Básica de Activos Digitales, originalmente prevista para ser presentada este año, se retrasará hasta 2026 debido a divergencias clave en la regulación. Este proyecto de ley de stablecoins, impulsado por el presidente Lee Jae-myung, se consideraba un hito en el mercado de criptomonedas de Corea, pero ahora ha quedado estancado por disputas sobre la “cualificación de los emisores de stablecoins” y el “mecanismo de custodia de reservas”. La lucha por los poderes regulatorios entre la Comisión de Servicios Financieros y las empresas tecnológicas ha puesto en pausa el proceso de legalización de las stablecoins en Corea.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, prometió antes de su toma de posesión en junio impulsar la emisión de una stablecoin vinculada al won, como política central para revitalizar el mercado de criptomonedas en Corea. Esta promesa no es aislada, sino parte de la política general pro-cripto de Lee. También aboga por que el fondo de pensiones nacional invierta en activos digitales y apoya la emisión de fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a Bitcoin.
Estas políticas tienen una estrategia clara detrás. Corea cuenta con uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo, con una alta tasa de tenencia de criptomonedas, pero ha estado limitada por un entorno regulatorio estricto y la falta de stablecoins locales. Lee busca legalizar la stablecoin vinculada al won para mantener la gran demanda de transacciones en criptomonedas dentro del país y abrir nuevas oportunidades para la industria tecnológica surcoreana.
Sin embargo, esta apuesta política enfrenta ahora un revés técnico. El proyecto de ley presentado en junio por el Partido Democrático en el poder permite explícitamente la emisión de stablecoins vinculadas al won, pero en los detalles de implementación ha generado conflictos de interés. La ley exige que todos los activos de reserva de las stablecoins sean confiados a bancos u otras instituciones autorizadas para su custodia, una regulación que, aunque parece razonable, ha sido la chispa que ha retrasado la legislación.
El núcleo del retraso en la ley de stablecoins en Corea radica en quién tiene la autoridad para emitir y regular estas monedas. Dentro de la Comisión de Servicios Financieros existen dos facciones con posturas diametralmente opuestas, lo que ha impedido avanzar en la legislación.
Requisitos para la cualificación de los emisores: Los sectores tradicionales financieros argumentan que solo los bancos con licencia y grandes instituciones financieras deberían poder emitir stablecoins, mientras que los innovadores tecnológicos creen que debería abrirse a empresas de tecnología blockchain.
Derechos de custodia de las reservas: El sector bancario exige que todas las reservas sean custodiadas por bancos y que se cobren tarifas, mientras que las empresas tecnológicas cuestionan que esto pueda crear monopolios y aumentar los costos de emisión.
Momento de la autorización regulatoria: ¿Es necesario autorizar primero a un conjunto de instituciones para supervisar a los emisores de stablecoins antes de aprobar la ley, o se legisla primero y se perfecciona el marco regulatorio posteriormente?
El informe indica que la Comisión de Servicios Financieros está revisando la propuesta, pero también considera limitar el papel de las instituciones financieras en el ámbito de las stablecoins en Corea para fomentar la participación de las empresas tecnológicas. Esta postura contradictoria refleja profundas diferencias internas en el gobierno surcoreano: por un lado, buscan garantizar la estabilidad financiera mediante una regulación estricta, y por otro, no quieren perder la oportunidad de innovar en tecnología blockchain.
Las preocupaciones de las instituciones financieras tradicionales no son infundadas. La caída del ecosistema de Terraform Labs y el evento de desvinculación de UST, una stablecoin algorítmica, causaron un impacto enorme en Corea, con miles de inversores afectados. El cofundador de ese evento, Do Kwon, fue condenado recientemente a 15 años de prisión en EE. UU. y podría ser extraditado a Corea enfrentando una pena máxima de 40 años. Este desastre ha hecho que las autoridades regulatorias en Corea sean extremadamente cautelosas respecto a los riesgos de las stablecoins.
Por otro lado, las empresas tecnológicas argumentan que depender demasiado del sistema bancario tradicional sofocará la innovación. Señalan que emisores principales de stablecoins como USDT y USDC no son bancos, sino empresas fintech especializadas en blockchain. Limitar la emisión a los bancos podría reducir la capacidad de innovación y dejar a Corea en desventaja frente a la competencia internacional.
El retraso en la Ley Básica de Activos Digitales hasta 2026 significa que la legalización de las stablecoins en Corea tendrá que esperar al menos dos años. Este período puede ser suficiente para que cambie significativamente el panorama del mercado. Actualmente, los operadores de criptomonedas en Corea dependen principalmente de stablecoins como USDT y USDC, que transfieren fondos al extranjero, sin generar valor para la economía local.
Lo más preocupante es que la incertidumbre regulatoria podría impulsar a las empresas cripto surcoreanas a trasladarse al extranjero. Singapur, Dubái y Hong Kong están compitiendo activamente por convertirse en los centros de criptomonedas en Asia, ofreciendo marcos regulatorios claros y beneficios fiscales. Si Corea continúa retrasando la legislación, podría quedar rezagada en esta competencia regional.
Desde la perspectiva del inversor, el retraso envía señales de confusión. La discrepancia entre las promesas políticas de Lee Jae-myung y el progreso real en la legislación ha debilitado la confianza del mercado en las políticas pro-cripto del gobierno. Esta incertidumbre frena la entrada de inversores institucionales y afecta el entusiasmo de los minoristas por proyectos cripto locales.
No obstante, el retraso también puede tener efectos positivos. El período de dos años permite a los reguladores observar las prácticas regulatorias internacionales en stablecoins, especialmente las regulaciones de la UE bajo MiCA y los avances en la legislación estadounidense. Corea puede aprender de estas experiencias para diseñar un marco regulatorio más completo y evitar vulnerabilidades por una legislación apresurada.
El caso de Do Kwon tiene un impacto profundo en la legislación de stablecoins en Corea. Este emprendedor de nacionalidad surcoreana, cuyo proyecto colapsó causando pérdidas estimadas en más de 4000 millones de dólares, representa una gran parte de los inversores afectados en el país. Esta catástrofe ha generado una extrema cautela en la opinión pública respecto a las stablecoins algorítmicas y las finanzas descentralizadas.
La ley actual exige que las reservas sean confiadas a instituciones autorizadas, para evitar que se repita un desastre como UST. Sin embargo, esta postura excesivamente conservadora podría ser desproporcionada. Stablecoins totalmente colaterizadas como USDC y USDT no han presentado problemas similares, y una regulación demasiado estricta podría obstaculizar la innovación financiera normal.
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