La Ley CLARITY pone fin a la zona gris de regulación entre la SEC y la CFTC

Washington está acercándose a un esfuerzo serio sin precedentes para resolver el enigma de la regulación en el mundo cripto: ¿qué organismo tiene la autoridad para gestionar un token que se negocia como mercancía, se vende como valor y opera en un software sin una entidad empresarial física? La Ley de Claridad en la Estructura del Mercado de Activos Digitales 2025 (CLARITY Act) ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de EE. UU. y está a la espera de modificaciones en el Senado en enero, un paso decisivo para determinar si este proyecto de ley se convertirá en un marco legal duradero o solo en otro borrador ambicioso.

El núcleo de la CLARITY Act se centra en dos disposiciones. La primera es una excepción para DeFi, que afirma que las actividades descentralizadas que no actúan como intermediarios no serán reguladas como intermediarios solo por operar código, nodos, carteras, interfaces o pools de liquidez. La segunda es una disposición de precedentes legales federales, que establece que “los activos digitales” se consideran “valores sujetos a regulación”, con el fin de acabar con la superposición de regulaciones entre estados.

El objetivo de la ley es claro: terminar con la disputa de jurisdicción entre la SEC y la CFTC, definir los límites entre transacciones secundarias y ofertas de valores, y abrir un camino legal para que las plataformas de procesamiento de liquidez cripto puedan registrarse. Sin embargo, el mayor riesgo no está en la teoría, sino en la práctica: ¿qué se entiende por DeFi en un ecosistema lleno de front-end, gobernanza cerrada y control por insiders? ¿Y qué nivel de protección tendrá el inversor cuando el papel de las autoridades estatales se reduzca?

Con DeFi, la CLARITY Act envía un mensaje claro: la infraestructura no equivale a un intercambio. La traducción de transacciones, la operación de nodos, la publicación de protocolos, la provisión de carteras o la participación en pools de liquidez, por sí mismas, no son suficientes para considerarse actividades de intermediación. Este es un esfuerzo por revertir el enfoque tradicional de los reguladores, que generalmente apunta a entidades “fácilmente identificables” como equipos de desarrollo o plataformas de interfaz.

No obstante, esta excepción no se aplica a las funciones contra el fraude y la manipulación. La SEC y la CFTC aún pueden perseguir conductas fraudulentas, incluso si el objeto es simplemente “software” o “interfaz”. Esta separación ayuda a que DeFi evite la obligación de registrarse como un intercambio tradicional, pero también abre la puerta a nuevos conflictos: ¿dónde está la línea entre una interfaz que muestra datos y un lugar de transacción? ¿Y quién es responsable cuando un pool de liquidez es manipulado?

Por otro lado, la disposición de precedentes legales de la CLARITY Act busca crear un mercado unificado a nivel federal, en lugar de 50 conjuntos de reglas diferentes entre estados. Esto ayuda a reducir la incertidumbre legal para los intercambios, custodios y proyectos de tokens que migran a modelos descentralizados. Sin embargo, el precio a pagar es una reducción en el papel de las agencias regulatorias estatales, que se consideran una línea de defensa rápida contra fraudes dirigidos a pequeños inversores.

El aspecto clave de esta disposición radica en el concepto de “activo digital”. La CLARITY Act intenta separar el contrato de inversión utilizado para vender tokens inicialmente del propio token cuando se negocia en el mercado secundario. Si esta estructura es aceptada por tribunales y reguladores, la ley realmente aportará claridad. De lo contrario, si los tokens siguen siendo considerados valores en todas las circunstancias, la CLARITY Act solo añadirá una nueva frontera de controversia.

La enmienda en el Senado en enero será, por tanto, crucial. Es el momento en que los legisladores decidirán si restringen aún más la definición de DeFi, acotan la zona de seguridad, añaden condiciones para la protección del inversor o ajustan el alcance de los precedentes legales. Además, incluso si la ley se aprueba, el mercado tendrá que esperar al menos un año para que se publiquen regulaciones detalladas, un período en el que el riesgo de incumplimiento suele ser mayor.

En esencia, la CLARITY Act representa un esfuerzo del Congreso de EE. UU. por reemplazar una década de improvisaciones con un mapa regulatorio más claro: no considerar la infraestructura como intermediario, ni dividir el mercado por leyes estatales. Si ese mapa se convierte en una guía definitiva o si deja aún más lagunas legales dependerá de las últimas modificaciones en el Senado y de cómo se apliquen en la práctica.