Seatrium Evita el Enjuiciamiento y Acepta Pagar una Multa de US$110M bajo un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido

Mensaje de Gate News, 25 de abril — Seatrium, cotizada en Singapur, ha obtenido la aprobación de la Alta Corte de Singapur para un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con la Oficina del Fiscal General, evitando el enjuiciamiento penal en relación con una investigación de corrupción de larga duración en Brasil. Según el acuerdo, la empresa pagará una sanción financiera de US$110 millones, con hasta US$53 millones acreditados contra pagos ya realizados a las autoridades brasileñas, lo que eleva el pago final en Singapur a US$57 millones (aproximadamente S$73 millones).

Además de la sanción financiera, Seatrium se ha comprometido a revisar y fortalecer su programa de ética y cumplimiento para reducir los riesgos de corrupción. La compañía afirmó que la sanción ya se ha provisionado en sus estados financieros sin impacto material en las ganancias o en el activo tangible neto por acción para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2026.

El caso se origina en la Operación Lava Jato de Brasil, una amplia investigación anticorrupción que comenzó en 2014 y descubrió una red de sobornos que involucraba a grandes corporaciones y altos funcionarios, en particular en relación con contratos de la empresa estatal de petróleo Petrobras. Seatrium, antes conocida como Sembcorp Marine antes de una fusión y cambio de marca, quedó implicada por acusaciones de que se realizaron pagos indebidos para asegurar proyectos en Brasil. En marzo de 2024, dos exejecutivos de Seatrium, incluido el ex-CEO de Sembcorp Marine, fueron acusados de delitos de corrupción por pagar sobornos por más de US$20 millones para promover los intereses comerciales de la empresa en Brasil.

Investigaciones separadas de la Autoridad Monetaria de Singapur y del Departamento de Asuntos Comerciales de la policía sobre posibles infracciones de la legislación de valores han concluido, con las autoridades determinando que no se tomará ninguna medida contra la empresa ni contra sus directivos. El DPA, firmado originalmente en julio de 2025, exige la aprobación de la Alta Corte antes de entrar en vigor; si Seatrium no cumple con sus términos, los fiscales podrían solicitar la terminación del acuerdo y continuar con cargos penales.